Autor: Marc Benaiges.
Más de una década después de su anuncio, el macrocomplejo turístico y de juego Hard Rock Entertainment World sigue generando rechazo social y controversias judiciales. Promovido como motor económico para la Costa Dorada, el proyecto acumula acusaciones de especulación urbanística, impactos ambientales irreversibles y complicidades político-empresariales. Mientras el Govern insiste en sacarlo adelante, colectivos vecinales y ecologistas lo consideran un símbolo de un modelo insostenible y caduco.
El proyecto, inicialmente anunciado en 2012 como Barcelona World para revitalizar la Costa Dorada tras Eurovegas, fue rebautizado como Hard Rock Entertainment World después de enfrentar crisis de inversión, escándalos administrativos y varias décadas de incertidumbre. El promotor definitivo es la multinacional Hard Rock International, en colaboración con entidades como PortAventura, Value Retail, y con el respaldo de CriteriaCaixa y la Generalitat de Catalunya, que aprobó su plan director urbanístico para acoger el macrocomplejo pese a ser declarado nulo parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no mucho más tarde y seguir a día de hoy pendiente de reformulación. La inversión anunciada alcanzará los 2.000 millones de euros, con una primera fase de alrededor de 600–700 millones destinada a la adquisición de terrenos, la construcción del Hard Rock Hotel & Casino —que contará con un hotel con forma de guitarra de 600 habitaciones, un casino de hasta 1.200 máquinas tragaperras y 100 mesas—, así como espacios comerciales (15 000 m²), restauración y ocio. En conjunto, el complejo ocupará hasta 825 hectáreas y podría generar más de 11.500 puestos de trabajo directos e indirectos, además de un impacto económico estimado en 1.300 millones anuales en su primera fase.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto Hard Rock Entertainment World es su impacto ambiental y territorial, que ha sido cuestionado por numerosos informes, entidades ecologistas y resoluciones judiciales, como es en el caso de CICrA Justicia Ambiental que, por encargo de Enginyeria Sense Fronteres (ESF) realizaron un informe analizando la situación de injusticia ambiental en Tarragona y analizaron este caso en concreto. Este macrocomplejo se proyecta sobre una zona de alto valor agrícola y paisajístico del Camp de Tarragona, entre Vila-seca y Salou, lo que implicaría la urbanización de más de 825 hectáreas, muchas de ellas destinadas históricamente a cultivo y actuando como corredores ecológicos.
La transformación de estos suelos comportaría una pérdida irreversible de superficie agraria útil, en un contexto de emergencia alimentaria y de necesidad de recuperar soberanía agrícola. El cambio de uso del suelo, de agrícola a terciario (ocio, comercio, hotelería), aceleraría la artificialización del territorio, aumentando la impermeabilización del suelo, la pérdida de fertilidad y la reducción de su capacidad de absorción de agua, agravando el riesgo de inundaciones durante lluvias intensas.
Además, el proyecto afectaría gravemente a la biodiversidad local, al destruir hábitats valiosos y romper conectores ecológicos entre espacios naturales del litoral tarraconense y del interior. Algunas de las zonas afectadas actúan como refugio para especies protegidas, aves migratorias y ecosistemas singulares del Mediterráneo. También se generaría un notable aumento del tráfico rodado, con el consiguiente incremento de emisiones contaminantes, ruido y congestión en una zona ya saturada durante los meses de verano.
En términos climáticos, esta urbanización masiva supondría un fuerte aumento de la huella de carbono del territorio, tanto por la construcción del complejo como por su funcionamiento posterior: climatización, iluminación, movilidad de visitantes, etc. Además, en términos hídricos, la Conselleria de Acció Climàtica confirmó que el proyecto consumirá alrededor de 1.086.000 m³ de agua al año, es decir, casi 3 millones de litros al día, un volumen equivalente al consumo de una ciudad de más de 30.000 habitantes.
En conjunto, el modelo de desarrollo en el que se promueven este tipo de proyectos se aleja de los principios de sostenibilidad territorial y adaptación climática que necesitamos que la Generalitat defienda, y contribuye a un modelo turístico y económico extractivo que pone todavía más en riesgo el equilibrio ecológico del Camp de Tarragona, siendo el proyecto calificado por las entidades ecologistas como un verdadero “atentado ambiental, social y económico”.
Más allá de sus impactos territoriales, el proyecto de Hard Rock Entertainment World representa un modelo económico basado en el juego, el turismo de masas y el consumo acelerado, que diversas voces críticas —desde sindicatos como CCOO hasta organizaciones como Aturem Hard Rock y formaciones políticas como ERC y la CUP— han calificado el proyecto de “modelo económico obsoleto” y “socialmente regresivo”, apuntando que, en lugar de generar desarrollo real, perpetúa un turismo de masas con empleo precario y costo ecológico elevado. Este tipo de infraestructura apuesta por un modelo de turismo vinculado al juego y al entretenimiento de alto consumo, en clara contradicción con los objetivos de diversificación, sostenibilidad y desestacionalización turística que se promueven desde la administración pública.
Diversos estudios alertan sobre los efectos sociales nocivos del modelo de casinos y grandes centros de apuestas. Se ha vinculado este tipo de proyectos con el incremento de la ludopatía, especialmente entre sectores vulnerables de la población, así como con fenómenos de blanqueo de capitales y economía especulativa.
Según estimaciones oficiales, Hard Rock generaría alrededor de 11.500 puestos de trabajo directos e indirectos, lo que en apariencia representaría un impulso económico para la Costa Daurada. No obstante, esta narrativa contrasta con diversas voces críticas, que señalan que la mayoría de esos empleos serán de baja cualificación, temporales y con condiciones precarias. Así lo advertía una investigación de La Marea, que alertaba de que la desestacionalización del turismo a través de megaproyectos suele acompañarse de empleos “de baja cualificación con condiciones pésimas”.
En definitiva, las promesas de empleo no compensan que estos se caractericen por ser precarios, desiguales y estacionales, encuadrados en sectores con altísimos niveles de rotación y bajo reconocimiento social. En los megaproyectos turísticos como Hard Rock, donde el impacto laboral se reproduce en clave de género, organizaciones como Feministes de Catalunya y Aturem Hard Rock advierten que las mujeres —sobre todo migrantes— quedan relegadas a puestos precarios en limpieza o hostelería, fuera de convenios y con remuneraciones muy inferiores. Por otro lado, Feministes de Catalunya denuncian que el impulso del turismo de masas también incrementa la prostitución —principalmente vinculada a clientela masculina— reforzando una lógica de explotación sexual en zonas saturadas por un turismo que normaliza la violencia sexual como parte del ocio masculino.
La trayectoria del proyecto Hard Rock Entertainment World ha estado marcada por un notable alineamiento entre las instituciones públicas y los intereses empresariales e inmobiliarios, lo que ha generado una fuerte crítica por parte de colectivos ciudadanos y formaciones políticas. Sin embargo, desde su anuncio inicial en 2012, el Govern de la Generalitat —con gobiernos de distinto signo político— ha mantenido el compromiso de sacar adelante el macrocomplejo, a pesar de los múltiples reveses judiciales y ambientales sufridos a lo largo del proceso.
Uno de los momentos clave se produjo en 2020, cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anuló parcialmente el Pla Director Urbanístic (PDU) que amparaba el proyecto. El motivo principal fue que el plan urbanístico permitía actividades sensibles como hoteles y casinos en una zona de riesgo por accidentes graves, debido a su proximidad al complejo petroquímico de Tarragona. El Tribunal consideró que se incumplía la normativa europea SEVESO III —la directiva europea sobre prevención de accidentes industriales graves—, que exige poblaciones seguras alrededor de instalaciones con sustancias peligrosas y prohíbe usos sensibles como hoteles o casinos en zonas de riesgo. SEVESO III (Directiva 2012/18/UE) obliga a los Estados miembros a identificar riesgos, establecer perímetros de seguridad, planificar escenarios de emergencia y garantizar que el uso del suelo minimice la exposición de la ciudadanía en caso de accidente.
En 2022, el Departament d’Acció Climàtica emitió un informe ambiental “demoledor”, así fue cómo lo denominó Aturem Hard Rock, que desaconsejaba la continuidad del proyecto, alertando sobre el alto consumo hídrico, el impacto en la biodiversidad y la artificialización del territorio.
Sin mencionar que diversas investigaciones periodísticas han advertido que la operación de compraventa de los terrenos destinados al macrocomplejo —gestionada por Incasòl (empresa pública de suelo de la Generalitat) y CriteriaCaixa— estuvo envuelta en manipulación contractual y falta de transparencia. Según un informe publicado por La Directa, se introdujeron cláusulas “contradictorias” para permitir la adjudicación de la licencia a Hard Rock pese a que la compra del suelo aún no se había formalizado. Además, se alertó de que el precio pactado —unos 120 millones de euros— fue muy inferior al valor estimado de mercado, lo que podría haber supuesto una merma encubierta de recursos públicos, según denuncias de colectivos críticos como Aturem Hard Rock.
Ante estos hechos, la CUP denunció la operación ante la Oficina Antifrau de Catalunya, alegando que la Generalitat habría manipulado contratos para permitir la adjudicación de la licencia de casino sin que Hard Rock hubiera formalizado todavía la compra del suelo, lo que contravendría la legalidad del proceso. Entre las irregularidades señaladas se encuentra una modificación contractual firmada fuera de plazo y sin informe jurídico favorable, lo que permitió prorrogar artificialmente la validez de la adjudicación, pese a que la empresa promotora no había cumplido los requisitos exigidos.
Además, una investigación posterior reveló que el gabinete jurídico de la propia Generalitat desautorizó formalmente la actuación de Incasòl, considerando que no tenía competencias para asumir los compromisos económicos y jurídicos vinculados al desarrollo del complejo. Esta desautorización interna, sin embargo, fue ignorada por los responsables políticos, que siguieron adelante con la operación.
Desde la Plataforma Aturem Hard Rock, se ha denunciado reiteradamente que tras el proyecto se esconde un “entramado corrupto” entre sectores público-privados, diseñado para garantizar el negocio de grandes corporaciones financieras a costa del interés general. La plataforma exige la anulación inmediata del proceso de compraventa, la retirada del PDU y una investigación parlamentaria para esclarecer responsabilidades políticas y económicas.
Pero no acaba aquí, la presión para aprobar el proyecto ha sido tal que incluso se han podido ocultar informes jurídicos internos, según los cuales la Generalitat podría no tener la obligación legal de pagar indemnizaciones a Hard Rock en caso de cancelación del proyecto, contradiciendo el argumento reiterado de que abandonarlo sería demasiado costoso. Esta falta de transparencia fue denunciada públicamente por Aturem Hard Rock y por la CUP, que revelaron contradicciones entre las versiones oficiales de ERC y PSC.
A pesar de los múltiples reveses jurídicos, ambientales y sociales que ha acumulado el proyecto, en julio de 2025 el macrocomplejo Hard Rock Entertainment World sigue vivo sobre el papel. El Govern, ahora con un nuevo equilibrio parlamentario tras las elecciones autonómicas, mantiene su voluntad de desbloquear el plan urbanístico a través de una nueva versión del Pla Director Urbanístic (PDU), después de que el anterior fuera anulado parcialmente por el TSJC y desaconsejado por informes ambientales clave.
Al mismo tiempo, plataformas sociales como Aturem Hard Rock y el grupo ecologista GEPEC‑EdC han elevado la presión. En mayo de 2025 presentaron dos recursos administrativos contra la licencia de casino otorgada por la Generalitat, argumentando que Hard Rock incumple las bases del concurso al no haber acreditado ni la propiedad ni la disponibilidad de los terrenos —contrato que según el gabinete jurídico catalán está caducado—, lo que, según estas entidades, justificaría la revocación inmediata de la autorización. Las portavoces Anna Recasens y Xavier Jiménez insisten en que estas vías legales podrían ser “la estocada definitiva” al macroproyecto, y advierten que de no paralizarse los trámites —como el nuevo informe ambiental o la reactivación del PDU— podrían preparar recursos contencioso‑administrativos que culminen en una anulación efectiva.
Las acciones legales se complementan con movilizaciones y la presentación pública de documentos que, según sus portavoces, revelan una manipulación institucional en favor del proyecto. A día de hoy, aunque las obras aún no han comenzado, este impulso social y legal ha logrado retrasar la ejecución efectiva del complejo —toda vez que, hasta 2025, no se ha aprobado un nuevo PDU ni cuenta con un informe ambiental favorable—, lo que mantiene viva la posibilidad de frenar el proyecto por completo.
El caso de Hard Rock en Tarragona no es un simple conflicto urbanístico: es el reflejo de un modelo de desarrollo profundamente cuestionado, que combina turismo masivo, ludopatía, especulación inmobiliaria y consumo excesivo de recursos en plena crisis ecológica. Un modelo que promete empleo, pero entrega precariedad; que habla de inversión, pero externaliza los costes ambientales y sociales; que se presenta como modernización, pero responde a una lógica extractiva y desigual.
Frente a un planeta en emergencia climática y una sociedad que exige alternativas justas, democráticas y sostenibles, la insistencia en proyectos como el de Hard Rock plantea una pregunta de fondo: ¿Qué futuro queremos construir y para quién?