¿Qué pueden aportar las experiencias comunitarias de todo el mundo a los retos energéticos que afrontamos hoy?

Por CICrA

Esta es una de las preguntas que vertebrará la Semana de la Energía de Coòpolis (del 2 al 5 de junio), un espacio que reunirá iniciativas pioneras del Norte y del Sur global para compartir aprendizajes, generar alianzas e inspirar nuevas formas de poner la vida en el centro de la transición energética. CICrA Justicia Ambiental colabora en el impulso de estas jornadas y hoy hablamos con Alejandra Durán de lo que podremos encontrar.

Entrevista hecha por Alba Arnau Terrones

Que tienen en común las iniciativas invitadas a participar en esta edición tan internacional de la Semana de la Energía de @coòpolis?
Todas ellas tienen un fuerte arraigo en el territorio donde trabajan y comparten una mirada muy vinculada en la justicia social y comunitaria. En el caso de Colombia, que es la experiencia que conozco más de cerca, esta dimensión es especialmente relevante.

Estamos acostumbradas a poner más la mirada en iniciativas europeas, y en esta ocasión podremos conocer de primera mano que está pasando en materia de energía sostenible a países como Ecuador y Colombia. ¿Qué aprenderemos de estas organizaciones de energía comunitaria?

¡Muchas! En el caso del OFP (Organización Femenina Popular), por ejemplo, veremos como se crean sinergias entre las diversas necesidades que tiene una comunidad. Su objetivo principal no es la generación de energía o la creación de una comunidad energética. Parten, sobre todo, de un proyecto más amplio de construcción de alternativas económicas impulsadas por mujeres. Esto toma una dimensión muy significativa en un contexto como el colombiano y, especialmente, en la región de Magdalena Medio, fuertemente afectada por conflictos ambientales, sociales y por el conflicto armado durante décadas.

Uno de los aspectos más interesantes es entender que la energía es solo una pieza más dentro de un proyecto comunitario mucho más amplio.

¿Por qué crees que esto es relevante?

Cuando hablamos de comunidades energéticas, a menudo dejamos de lado la dimensión comunitaria y nos centramos exclusivamente en el autoconsumo o la generación energética. Pero antes de esto hay que construir organización, confianza y capacidad colectiva para que el proyecto sea realmente participativo, democrático y conectado con el territorio.

También aprenderemos mucho de la combinación entre la dimensión social y la técnica. El proyecto se desarrolla en una zona rural que, a pesar de estar cerca de centros urbanos, presenta dificultades de accesibilidad, de forma que el reto es hacer encajar las necesidades sociales con las soluciones técnicas.

Además, estas iniciativas aportan una reflexión muy interesante sobre que entendemos por consumo energético. En muchos casos, ni siquiera se dispone de un acceso mínimo garantizado a la energía. Por eso, cuando hablan de comunidades energéticas, lo hacen desde una perspectiva mucho más profunda: garantizar unas condiciones básicas de vida que permitan sostener sus proyectos de vida y su comunidad.

En el caso del OFP, hay un fuerte componente de género.
Totalmente. El papel de las mujeres lideresas, especialmente en contextos rurales, es central. Estas experiencias vinculan la justicia ambiental con las desigualdades de género y muestran como las mujeres organizadas comunitariamente aportan una mirada diferente sobre las necesidades básicas, las curas y la sostenibilidad de la vida.

¿Qué aspectos crees que son clave para lograr comunidades que funcionen?
El arraigo en el territorio es fundamental. Una comunidad energética necesita tener una conexión real con las vecinas, con las necesidades del barrio o del municipio y con el contexto político y social en que se desarrolla. Esta vinculación es imprescindible para construir una base social sólida e identificar qué personas quieren implicarse en el proyecto.

Uno de los grandes retos es precisamente la disponibilidad de tiempo. Muchas comunidades energéticas se basan en la voluntariedad, y esto hace que a menudo participen más aquellas personas con menos cargas laborales o de curas. Por eso, es importante pensar cómo generamos espacios realmente accesibles y participativos, y también identificar alianzas con entidades y colectivos que ya trabajan determinadas cuestiones y pueden complementar conocimientos o recursos.

También hay retos importantes vinculados al marco jurídico y político, ¿verdad?
Si, la normativa es todavía muy cambiante y poco específica, y esto genera inseguridad y muchas barreras. A menudo se necesitan conocimientos técnicos muy especializados, hecho que dificulta el acceso de muchas personas.

En este sentido, tal y como reflexionaba una de las ponentes que participó al Ciclo «Comunidades energéticas en transformación» que hemos organizado hace poco con Batec, es importante no confundir la herramienta con el fin. Crear una comunidad energética no garantiza automáticamente la participación ciudadana. La clave es preguntarnos por qué queremos estas comunidades y como las integramos de manera orgánica dentro del tejido comunitario y social ya existente.

Además, los tempos de la administración a menudo chocan con la urgencia de transformar el modelo energético y hacer frente a la crisis climática.

Desde CICrA se está participando en un proyecto impulsado por una de las entidades ponentes en esta sesión: el Organización Femenina Popular y participante de Guardianas de la Vida. ¿Nos puedes explicar algo más sobre el proyecto?

La Organización Femenina Popular (OFP) es una organización histórica de defensa de los derechos humanos en Colombia que trabaja en una región especialmente afectada por múltiples formas de violencia e injusticia social. Su tarea es especialmente compleja porque las mujeres organizadas a menudo han tenido que afrontar amenazas, estigmatización y situaciones de coacción vinculadas al conflicto armado.

El proyecto que presentarán se centra en la transición energética y el liderazgo de las mujeres rurales. Concretamente, explicarán la experiencia de una aldea agroenergètica liderada por mujeres de las familias vinculadas al proyecto. Hasta ahora, muchas de ellas no disponían ni siquiera de un acceso mínimo a la energía para cubrir necesidades básicas y cotidianas.

La iniciativa combina la instalación de placas solares con proyectos vinculados a la soberanía alimentaria y la economía comunitaria. El objetivo no es solo generar energía, sino fortalecer la autonomía de las mujeres y sus comunidades.

¿Qué papel tiene CICrA Justicia Ambiental en este proyecto?

Nosotras estamos haciendo de puente entre Cataluña y Colombia, facilitando espacios de intercambio y aprendizaje mutuo entre contextos muy diferentes pero con inquietudes compartidas. El proyecto Guardianas de la Vida también está relacionado con iniciativas de economía propia lideradas por mujeres, como por ejemplo el turismo sostenible o la comercialización de plantas aromáticas.

¿Por qué crees que es tan importante que las comunidades energéticas se articulen entre ellas y generen una hoja de ruta conjunta?

Las comunidades energéticas son muy diversas y trabajan en contextos muy diferentes. Articularse y conocerse permite compartir estrategias, aprendizajes y recursos, así como generar más de manera colectiva.

En el caso de Barcelona, el marco jurídico e institucional todavía es poco claro y hay muchos vacíos y reticencias en la hora de impulsar comunidades energéticas. A menudo los tempos administrativos son muy lentos y esto dificulta avanzar con la rapidez que requiere la crisis climática.

Tener una hoja de ruta compartida permite mantener una incidencia política conjunta y tener una voz más fuerte. No es lo mismo una comunidad energética actuando sola que una red de comunidades, cooperativas, ateneos y asociaciones haciendo demandas compartidas.

¿Las comunidades energéticas que se han desarrollado en entornos rurales y las que lo han hecho en entornos urbanos tienen las mismas necesidades?
Hay necesidades compartidas, especialmente en cuanto al marco legal, a los recursos técnicos y humanos o a la necesidad de más apoyo institucional. La legislación establece que se tendría que generar un marco favorable para las comunidades energéticas, pero todavía hay muchas carencias.

También hace falta más visibilidad sobre que pueden llegar a ser las comunidades energéticas. A menudo se reducen solo al autoconsumo colectivo, pero pueden ir mucho más allá. Desde la economía social y solidaria se trabaja para que también incorporen reflexiones sobre los materiales utilizados, los usos prioritarios de la energía o la dimensión comunitaria del modelo.

Desde la Economía Social y Solidaria se trabaja para que también incorporen reflexiones sobre los materiales utilizados y los usos prioritarios de la energía.

¿Cómo se pueden alimentar entre ellas de forma estratégica para avanzar?

Sobre todo compartiendo experiencias, articulándose y intercooperando. Es importante generar espacios de confianza, encuentro y aprendizaje mutuo entre comunidades. También es clave mancomunar recursos y conocimientos para evitar duplicar esfuerzos y estructuras. Esta cooperación permite avanzar de manera más eficiente y sostenible.

En este sentido, ¿existe actualmente una hoja de ruta compartida?
En Barcelona hace aproximadamente un año que se empezó a construir esta hoja de ruta compartida. No es un proceso automático porque todavía hay muchos debates abiertos y visiones diversas sobre cómo tienen que ser las comunidades energéticas.

Actualmente, hay una apuesta institucional muy centrada en el autoconsumo, pero todavía falta generar espacios amplios de consenso y reflexión compartida. La Semana de la Energía cooperativa puede ser una buena oportunidad para tener estas conversaciones y abrir la mirada hacia otros contextos y experiencias.

También existe la Red de Comunidades Energéticas de Barcelona, un espacio informal de encuentro impulsado por Batec y acompañado por CICrA Justicia Ambiental, la FAVB e Ingeniería Sin Fronteras. Uno de los objetivos es generar espacios de autoformación y debate informado sobre cuestiones como la pobreza energética, el oligopolio energético o los modelos de gobernanza. Para poder tomar decisiones colectivas, es imprescindible disponer de información y herramientas compartidas.

¿Qué ejes crees que tendría que incorporar esta hoja de ruta?
Esta hoja de ruta tendría que incorporar una gran diversidad de miradas, experiencias y pericias. Es importante que incluya perspectivas sociales, técnicas, comunitarias, feministas y ambientales, y que ponga en el centro las necesidades reales de las personas y de los territorios.

También tendría que abordar cuestiones como la participación democrática, la justicia energética, la soberanía comunitaria, la intercooperación y el acceso equitativo a los recursos. La clave es construir un modelo que no solo transforme la manera de producir energía, sino también la manera de organizarnos colectivamente.