Autora: Cayetana Mosteiro Cadaval
Foto: Brais Lorenzo
Nada más acercarte a Pontevedra, por una de sus entradas por carretera, te aborda un olor característico, desagradable, que te avecina que unos metros más adelante se encuentra una fábrica de celulosa, ENCE o Empresa Nacional de Celulosas, que ha sido fuente de numerosos conflictos y problemas ambientales y sociales desde que se instaló en 1958. Estas controversias de la industria papelera en Galicia se han reavivado recientemente con el caso de “Altri”, un nuevo proyecto de fábrica de celulosa en Palas de Rei (A Ulloa), que ya ha recibido una Evaluación de Impacto Ambiental Favorable y está esperando la Autorización Ambiental Integrada.
El caso de ENCE
Para comprender mejor el problema, empecemos por la historia de ENCE. Esta empresa se instaló en 1958 en una zona de la ría de Pontevedra llamada “Los Placeres”. Por aquel entonces, se llamaba así por su belleza y era uno de los lugares más deseados de la costa gallega para pasar el verano, donde había una abundante biodiversidad y donde habitantes y visitantes iban a la playa, se alojaban en un hotel de referencia para la época, visitaban el pazo de Lourizán –hoy considerado como bien de interés cultural– y pasaban el tiempo en una casa de baños. Además, el marisqueo era una de las principales actividades económicas de la zona, por su variedad y riqueza.
Con la instalación de la fábrica de celulosa y, una fábrica dedicada a la producción de cloro al lado (llamada Elnosa), comienza una larga lucha social por parte de la ciudadanía y organizaciones como Asociación pola defensa da ría, Greenpeace o, en las últimas décadas, por el Ayuntamiento de Pontevedra. Unas de las primeras protestas tuvo lugar por parte de las mariscadoras en 1959, algunas de ellas detenidas y encarceladas por aquel entonces.
Pues bien, la concesión administrativa del dominio público marítimo terrestre otorgada a ENCE por Orden Ministerial de 13 de junio de 1958 tenía una duración de 60 años. Hasta el presente, la industria papelera ha contaminado las aguas de la ría, entre otras causas, por el vertido de mercurio en cantidades que ponen en peligro la salud de las personas tal y como reconoció la misma ENCE en un informe. Además, se ha contaminado el aire y ha transformado la zona de “Los Placeres” en un lugar indigno para vivir por la contaminación del aire, la contaminación acústica y el impacto visual. Aparte, se ha disminuido la actividad de marisqueo de la zona en un 90% -aunque no se sabe con certeza las causas de esta reducción.
En este contexto, en los años 90 comienza un conflicto judicial con implicaciones importantes, que termina en 2003 cuando la Audiencia Nacional condenó a los principales directivos de la empresa por delito ambiental por haber incumplido la normativa de vertidos híbridos y atmosféricos.
Si bien se pensaba que en el año 2018 la actividad de esta industria llegaría a su fin, en 2016, la Presidencia del Gobierno concede una prórroga de la concesión hasta 2073. Con lo que, comienza una nueva lucha social y judicial. En 2021, la Audiencia Nacional dictó sentencia por la que anuló a todos los efectos la prórroga de 60 años por considerar que la actividad de la pastera es incompatible con su presencia en el dominio público marítimo-terrestre, ya que “por su naturaleza puede desarrollarse en otro lugar” (siguiendo lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas).
Esta sentencia de la Audiencia Nacional fue recurrida, dando lugar a la sentencia del Tribunal Supremo que avala que ENCE mantenga su fábrica en la ría de Pontevedra hasta 2073. Fecha en la que por cierto, se estima que la fábrica de celulosa quede inundada por el aumento del nivel del mar a causa del cambio climático, según un estudio realizado por Climate Central que incluye un mapa interactivo de las zonas que quedarán afectadas.
Esta resolución del Supremo se recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional por parte del Ayuntamiento y otras entidades alegando, en esencia, la vulneración de la tutela judicial efectiva. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso en mayo de 2025, quedando pendiente la decisión sobre si la prórroga se ajusta a Derecho. Y lo hace después de que la Comisión Europea haya criticado el proceso de concesión de ENCE y en medio de una nueva polémica sobre la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética que restringe las concesiones sobre bienes de dominio público a 75 años, prórrogas incluidas, lo que implicaría que la concesión de ENCE sólo sería válida hasta 2033. Al respecto, cabe destacar que ENCE aseguró que solo invertiría en mejorar la “calidad ambiental” de su fábrica en Pontevedra si puede continuar en la ría hasta 2073.
El caso de Altri
Pues bien, ahora Galicia se enfrenta a un nuevo dilema con la fábrica de celulosa y lyocell (un tipo de fibra textil obtenida de la celulosa) que pretende establecerse en Palas de Rei (A Ulloa) por 75 años. Fue impulsado en 2021 por Greenfiber S.L., una joint venture creada por la empresa portuguesa Altri (que posee el 75% del proyecto) en colaboración con Greenalia, una empresa española de energía renovable (que posee el 25%).
Dada la situación de la industria papelera en Galicia, con la presencia de ENCE y el posible proyecto de Altri, la ciudadanía ha manifestado lo siguiente: “recuperar el futuro para Galicia con la salida de ENCE de la ría y la paralización del proyecto de Altri”. Desde la sociedad civil se presentaron 27.000 alegaciones y se recogieron más de 600.000 firmas para parar el proyecto. Además, se han implicado organizaciones no gubernamentales de distintos países, desde Europa, Australia, Benin o Canadá, para expresar a la Xunta de Galicia su posición contraria a la instalación de la fábrica, que todavía no se conoce cuando empezaría a funcionar.
La previsión es que usen hasta 46 millones de litros de agua al día, se viertan hasta 30 millones de litros diarios de agua contaminada de vuelta al río Ulla y se emitan gases tóxicos y de efecto invernadero.
El proyecto impactará sobre los derechos humanos y la comunidad. Entre otros, pondrá en peligro los sectores primarios –como la actividad agrícola y la actividad pesquera de la ría de Arousa, conocida por tener una especial riqueza biológica y que ya se encuentra en peligro por la contaminación y el cambio climático.
También supondrá un impacto sobre la naturaleza y el medioambiente, poniendo en riesgo la biodiversidad de la zona, especialmente del estuario de Arousa e impactando directamente sobre 27 especies en peligro, tres de ellas únicas en el mundo. Además, ocupará un área que fue designada para formar parte de la ampliación de la Red Natura 2000 propuesta por la Xunta de Galicia en los años 2008 y 2012 y que todavía no se ha llevado a cabo.
Además, supondrá un aumento del monocultivo de eucalipto en unas 190.000 hectáreas, agravando el problema ya existente en Galicia desde hace décadas y que se extiende a la mayoría de territorios del noroeste y el norte de la península ibérica. Galicia es la comunidad que cuenta con más hectáreas de superficie de eucalipto: el 25% del área arbolada del monte gallego es de eucalipto y el porcentaje sigue aumentando, a la sombra de la demanda de la industria de la celulosa, que es el principal comprador. Así que esta problemática no solo pone en peligro la biodiversidad de la zona y afecta a los bosques autóctonos que aportan muchos beneficios según los estudios científicos, sino que amplía su vulnerabilidad al cambio climático y genera riesgo de incendios por ser el eucalipto una especie que drena el suelo y altamente inflamable. Si se tomasen acciones para recuperar la integridad de los ecosistemas del monte gallego, se generarían múltiples beneficios: secuestro de carbono, almacenamiento de cuencas hidrográficas saludables, uso tradicional de los bosques, contribución a los procesos climáticos locales y regionales y biodiversidad dependiente de los bosques. La integridad de los ecosistemas es fundamental para las tres Convenciones de Río (la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación).
Aparte de las críticas frente a los impactos sobre los derechos de las personas y sobre la naturaleza, se critica que Altri haya solicitado para la instalación de la fábrica una ayuda pública de 250 millones de euros de los fondos Next Generation, cuando puede que esté incumpliendo el principio de “no causar perjuicio significativo a objetivos medioambientales (recogido en el artículo 17 del Reglamento 2020/852), además de ir en contra del Pacto Verde Europeo. En concreto, la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad 2030 contiene acciones y obligaciones específicas como aumentar las áreas Natura 2000, desbloquear fondos para mejorar la biodiversidad o para hacer posible cambios transformativos.
El caso de la industria papelera en Galicia es un reflejo de la necesidad de adaptar la actividad empresarial a los nuevos tiempos, a la sostenibilidad real. Es decir, es necesario que las empresas se adapten a los cambios que nos toca llevar a cabo si queremos intentar solucionar la crisis ecosocial que estamos experimentando. Para ello, es imprescindible que se escuchen las demandas de la ciudadanía, que se cumpla con la normativa que protege los derechos humanos y el medioambiente y que se exija a las autoridades públicas un mayor compromiso con lo que está en juego: la vida en la Tierra tal y como la hemos conocido hasta ahora.