Autora: Ginny Lizbeth Tamayo Rojas
Fátima tiene 34 años, vive en Barranquilla, Colombia, y lleva cuatro años buscando trabajo en el sector de energías renovables. Estudió ingeniería ambiental, tiene una maestría en energías renovables y sostenibilidad energética, habla inglés y tiene amplia experiencia en los proyectos eólicos y parques solares. En cada proceso de selección le dicen que el perfil es perfecto, pero que el puesto requiere disponibilidad total para trabajar en campo. Ella tiene dos hijos y no cuenta con una red de apoyo para su cuidado. La oferta nunca llega, el tiempo pasa y cada día tiene más necesidades.
A ocho mil kilómetros de distancia, en Huelva, España, María trabaja desde hace dos años como técnica de mantenimiento de paneles fotovoltaicos. Antes de entrar al programa de formación de la cooperativa Som Energia llevaba catorce meses en desempleo. Hoy tiene contrato fijo. Son dos trayectorias distintas en dos países distintos, pero con una misma pregunta de fondo: ¿por qué la transición energética sigue llegando tarde —o no llegando— a las mujeres?
¿Qué tienen en común las barreras que enfrentan Fátima y María, y qué diferencia los recursos con los que cada país responde a esas barreras? ¿Puede considerarse justa una transición que excluye a quienes más sufren los impactos de la crisis climática que pretende resolver? Este texto busca explorar esas preguntas a partir de evidencia oficial, comparando la situación del empleo verde y la participación de las mujeres en Colombia y España.
Una brecha que no es nueva, pero que se profundiza
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el empleo verde como aquel trabajo decente que contribuye a preservar o restaurar la calidad ambiental (OIT, 2015). Bajo esa definición, los empleos verdes deberían ser empleos de futuro, de oportunidad, de transición hacia una economía más justa. Los datos indican, sin embargo, que reproducen en sus sectores emergentes las mismas asimetrías de siempre. El informe Empleos verdes, una oportunidad para las mujeres en América Latina lo documenta con un dato que resulta difícil de ignorar: en toda América Latina, menos de una de cada cuatro personas empleadas en sectores verdes es mujer. Y esa proporción, en lugar de mejorar con el auge de las renovables, ha retrocedido en los últimos años (OIT y Euroclima+, 2022).
¿Por qué ocurre esto? La respuesta no es simple, pero hay tres barreras que aparecen de forma consistente en la literatura académica e institucional. La primera es la brecha de género en formación técnica y científica —conocida como brecha de género en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) —, que deja a las mujeres sobrepresentadas en las carreras que alimentan directamente los sectores verdes: ingeniería energética, tecnologías de eficiencia ambiental e instalación de sistemas renovables. La segunda es el trabajo de cuidados: mientras las políticas de transición energética diseñan perfiles laborales que exigen movilidad, disponibilidad extendida y presencia en territorios remotos, las mujeres siguen siendo las principales responsables del cuidado de hijos, personas mayores y del hogar, sin que existan sistemas públicos que redistribuyan esa carga. La tercera barrera es la segregación ocupacional: cuando las mujeres acceden a los sectores verdes, lo hacen mayoritariamente en posiciones administrativas o de comunicación, raramente en roles técnicos o de toma de decisiones. No es un problema de capacidad ni de interés: es un problema de acceso y de diseño.
Lo que hace especialmente relevante esta constatación es que excluir a las mujeres del empleo verde no es solo una cuestión de justicia social: es también una ineficiencia climática. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2026), los países que logran mayor igualdad de género en sus sectores técnicos y científicos obtienen resultados más efectivos en reducción de emisiones. Dicho de otro modo: una transición energética sin mujeres es, además de injusta, menos eficaz.
Colombia: potencial enorme, brecha que no se mueve
El caso de Fátima no es excepcional, sino estructural. Colombia cuenta con condiciones extraordinarias para el empleo verde: es el país con mayor diversidad de aves del mundo y alberga cerca del 10% de todas las especies conocidas en un territorio que no supera el 1% de la superficie terrestre del planeta (SiB Colombia, 2024). A esa riqueza biótica se suma un potencial solar y eólico concentrado especialmente en La Guajira y la región Caribe. Además, se han adoptado compromisos climáticos que incluyen reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto al escenario proyectado.
La transición energética proyecta la creación de decenas de miles de puestos de trabajo en renovables en los próximos años, y la aprobación de la Política Nacional de Hidrógeno de Bajas Emisiones en diciembre de 2025 parece abrir nuevos horizontes en sectores emergentes.
Sin embargo, la realidad del mercado laboral femenino colombiano muestra una inercia que los anuncios de política energética no han logrado revertir. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE de 2025), la brecha entre hombres y mujeres en la Tasa Global de Participación se ubica en 24,5 puntos porcentuales —con una tasa global de participación (TGP) masculina del 76,6% frente al 52,1% femenina— y la desocupación femenina supera en 4,2 puntos a la masculina a nivel nacional. Esa diferencia se amplía hasta 7,7 puntos en los centros poblados y rural disperso, precisamente donde se concentra el mayor potencial de energías renovables comunitarias (Ver gráficos del DANE). Como se puede observar en las siguientes figuras, el portal de mercado laboral según sexo del DANE permite visualizar esa brecha con detalle por dominio geográfico y año.
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLS-abr-jun2025.pdf
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLS-abr-jun2025.pdf
A esto se suma que, según la OCDE (2023), las colombianas dedican en promedio muchas más horas que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado —muy por encima de la media de los países de la OCDE—, lo que reduce drásticamente su disponibilidad para acceder a empleos en sectores que aún no han diseñado condiciones laborales compatibles con esas responsabilidades.
Desde el punto de vista normativo, el Pacto por los Empleos Verdes y la Transición Justa (2019) y su versión actualizada, el Pacto por la Justicia Ambiental, Empleos Verdes y la Transición Justa (2022) —ambos suscritos entre el Ministerio del Trabajo y la OIT— junto con el artículo 56 de la reforma laboral de 2023, que incorpora empleos verdes y azules con enfoque diferencial de género y señala que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) deberá priorizar la formación de mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, son avances relevantes en el plano declarativo. El desafío pendiente es operativo: Colombia no cuenta aún con datos desagregados por género que permitan saber quién accede efectivamente al empleo verde en el país, lo que dificulta cualquier evaluación real del impacto de estas medidas.
Estado español: más herramientas institucionales, misma brecha en la práctica
La historia de María no es un caso aislado: es el resultado previsible de un modelo de intervención que funciona. El programa que la formó — enfocado en instalación de sistemas fotovoltaicos para mujeres desempleadas— combina formación técnica especializada, orientación personalizada y vinculación empresarial. En su primera edición, alcanzó una tasa de inserción laboral del 40% (Instituto para la Transición Justa, 2023). María es, en ese sentido, un resultado esperado de una intervención bien diseñada — y precisamente por eso su caso importa: no como excepción, sino como evidencia de lo que es posible en un panorama que, sin embargo, sigue siendo profundamente desigual.
De acuerdo con el informe Mujeres en la Transición Ecológica 2025 (MITECO, 2025), pese a décadas de políticas de igualdad y a un crecimiento sostenido del sector energético español, las mujeres siguen siendo una minoría en el empleo que genera la transición energética.
En el mismo sentido, el estudio El empleo de las mujeres en la transición energética justa en España (MITECO, 2023) documenta que las mujeres universitarias con formación en áreas vinculadas al sector consiguen empleo en una proporción significativamente menor que sus colegas hombres, una brecha que se repite también en la Formación Profesional. El informe Coste de oportunidad de la brecha de género en la transición energética añade una dimensión económica a esta exclusión: cuantifica que alcanzar la paridad en los sectores vinculados a la transición energética podría incrementar el PIB español en 122.000 millones de euros anuales, equivalente al 7,7% del PIB de 2024. El estudio alerta además de que, al ritmo actual, la paridad en el sector no se alcanzará hasta 2061 (Enagás y ClosinGap, 2026).
Las brechas persisten incluso en contextos con políticas de igualdad consolidadas. Eso demuestra que la institucionalización es necesaria pero insuficiente sin intervenciones específicas, con recursos reales y evaluación rigurosa.
La misma paradoja, dos formas distintas de enfrentarla
En términos de ocupación de las mujeres en el empleo verde es constatar que la misma contradicción estructural opera en dos contextos con recursos muy distintos: en ambos, la transición crece, pero las mujeres siguen siendo una minoría en el empleo que genera. Las barreras son análogas —brecha en formación técnica, trabajo de cuidados no redistribuido, segregación dentro de los propios sectores verdes y ausencia de datos desagregados— pero la capacidad institucional para abordarlas es marcadamente asimétrica.
Colombia tiene, sin embargo, una ventaja estratégica que no debería desperdiciarse: la posibilidad de diseñar desde el inicio sectores emergentes —hidrógeno verde, solar comunitaria, bioeconomía de la biodiversidad— con paridad de género integrada antes de que las culturas organizativas se masculinicen por inercia. El caso español advierte precisamente sobre los límites de los marcos normativos sin intervención específica y sostenida: la institucionalización es necesaria, pero no basta.
En ambos contextos, lo que los datos confirman es que la economía del cuidado no es un asunto paralelo a la economía verde: es su condición de posibilidad si se aspira a una transición verdaderamente justa. Sin políticas que redistribuyan el trabajo doméstico y de cuidados —mediante sistemas públicos, licencias corresponsables, servicios accesibles—, las oportunidades del empleo verde seguirán llegando a medias, o no llegando, a las mujeres que más las necesitan.
Reflexiones finales
Fátima y María representan dos trayectorias posibles dentro de la transición energética: una bloqueada por la ausencia de infraestructura de cuidados y de datos que obliguen a rendir cuentas; otra habilitada por un programa concreto, con recursos reales y acompañamiento efectivo. Ambas son aún la excepción respecto a lo que debería ser la norma. Este texto ha buscado documentar, con fuentes oficiales y verificables, que la exclusión de las mujeres del empleo verde no es un efecto secundario ni un problema marginal: es una falla de diseño con consecuencias económicas, climáticas y de justicia social que los organismos internacionales, los gobiernos y las empresas ya están comenzando a cuantificar. Pero esta exclusión no afecta a todas las mujeres por igual: las barreras se multiplican para quienes enfrentan discriminaciones entrecruzadas —clase, territorio, origen étnico— que profundizan su marginación del empleo verde.
Las preguntas que motivaron este texto permanecen abiertas, y eso es precisamente lo que las hace urgentes. Fátima sigue esperando una oferta de trabajo que no exija disponibilidad total en campo mientras sus hijos no tienen con quién quedarse. María encontró una puerta, pero el programa que se la abrió sigue siendo la excepción, no la regla.
¿Cuántas Fátimas hay en La Guajira, Córdoba, Atlántico, Tolima, Cesar —en los territorios donde Colombia está construyendo su transición energética? ¿Cuántas Marías hacen falta para que una intervención puntual deje de ser noticia y empiece a ser política pública? ¿Puede considerarse justa una transición que genera empleo allí donde las mujeres no pueden llegar, porque nadie cuida a sus hijos e hijas, porque el transporte no existe, porque nadie midió si ellas accedían o no?
Y si España, con décadas de marcos normativos de igualdad, sigue sin alcanzar el 25% de participación femenina en el empleo verde, ¿qué nos dice eso sobre el peso real de las políticas sin evaluación rigurosa, sin metas vinculantes, sin datos que obliguen a rendir cuentas?
Una transición que excluye a las mujeres no es justa. Es, simplemente, incompleta.
Referencias
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025). Boletín técnico: Mercado laboral según sexo, trimestre abril–junio 2025. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLS-abr-jun2025.pdf
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2024). Estadísticas con enfoque de género. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional/enfoque-de-genero
Enagás y ClosinGap. (2026). El coste de oportunidad de la brecha de género en la transición energética. https://closingap.com/informes/
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico [MITECO]. (2025). Mujeres en la Transición Ecológica 2025. Gobierno de España. https://www.miteco.gob.es/en/ministerio/planes-estrategias/igualdad-de-genero/mujeres-transicion-ecologica.html
Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (2015). Directrices de política para una transición justa. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (2025). Panorama Laboral 2024 de América Latina y el Caribe. https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-02/OIT-PANORAMA-LABORAL-2024-.pdf
Organización Internacional del Trabajo [OIT] y Euroclima+. (2022). Empleos verdes, una oportunidad para las mujeres en América Latina. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_870976/lang–es/index.htm
Organización Internacional del Trabajo [OIT] y Ministerio del Trabajo de Colombia. (2019). Pacto por los Empleos Verdes y la Transición Justa. https://www.ilo.org/es/resource/news/oit-colombia-lanzaron-pacto-por-empleos-verdes-y-transicion-justa
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2023). OECD Economic Surveys: Colombia 2023. https://doi.org/10.1787/a4588f90-en