Autor: Juan Sebastián Duque Roldán
Entre los meses de marzo y junio de este año participamos en la Escuela de Transiciones, un curso de especialización sobre transición ecológica y alternativas económicas. Este artículo recoge algunas de las reflexiones y aprendizajes que esta experiencia nos ha dejado, especialmente en torno a los retos que plantea la transición ecosocial y al papel que puede desempeñar la Economía Social y Solidaria en este proceso.
El curso fue impulsado por el Ecohub, la cooperativa Espai Ambiental y la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, con la colaboración de Bloc4BCN y la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. Las sesiones fueron impartidas por personas referentes en estos ámbitos, como Yayo Herrero, Luis González Reyes y Rubén Martínez.
La Escuela de Transiciones constituye un espacio de reflexión y aprendizaje sobre nuevos modelos de producción y organización capaces de hacer frente a la actual crisis ecológica y social desde una perspectiva de justicia social, de clase y de género. Además de ofrecer herramientas teóricas y prácticas, la Escuela busca fortalecer los vínculos entre personas y organizaciones comprometidas con la transición ecosocial y la economía social y solidaria en Cataluña.
El punto de partida
No es ningún secreto que estamos asistiendo a un momento de múltiples crisis sociales, democráticas y ambientales como consecuencia del actual modelo extractivista. Este modelo se sustenta en la explotación de bienes comunes, territorios, personas y comunidades, especialmente del Sur Global, con el objetivo de concentrar riqueza en manos de grandes fortunas y empresas transnacionales. Como consecuencia, no sólo se han profundizado las desigualdades sociales y económicas, sino que también se han sobrepasado los límites ecológicos que hacen posible el sostenimiento de la vida en el planeta.
Desde 2009, diferentes grupos de científicos han identificado nueve procesos fundamentales para el funcionamiento del sistema terrestre, conocidos como límites planetarios. En la actualidad, seis de estos límites ya han sido sobrepasados. Esta evidencia científica, junto con la creciente preocupación por el cambio climático, ha impulsado a los gobiernos a asumir mayores responsabilidades políticas para promover la transición hacia modelos económicos más sostenibles, tanto a escala local y nacional como regional e internacional, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Pacto Verde Europeo.
Estas políticas marco no pretenden únicamente que los Estados asuman responsabilidades. También buscan implicar al sector empresarial, especialmente a aquellas compañías cuyas actividades generan mayores emisiones de CO2 o contribuyen de forma significativa a la pérdida de biodiversidad.
Sin embargo, la implicación del sector empresarial en la transición verde plantea diversos desafíos. Ni cualquier forma de participación empresarial ni cualquier modelo de crecimiento económico son compatibles con una transición ecológica justa en términos sociales, de género o incluso ambientales. Por ejemplo, existen proyectos e iniciativas de energías renovables en territorios ocupados, como el Sáhara Occidental. Del mismo modo, tampoco resulta viable plantear una transición verde o ecológica desde la lógica del crecimiento desmesurado de determinados sectores productivos, como el turismo en ciudades excesivamente masificadas como Barcelona.
¿Para quién es la transición ecológica?
La respuesta rápida sería “para todo el mundo”. Sin embargo, si la transición no va acompañada de transformaciones profundas del modelo económico y productivo, acabará reproduciendo las mismas desigualdades que pretende combatir y de seguir beneficiando a quienes históricamente han concentrado el poder económico.
Una de esas transformaciones pasa necesariamente por situar el trabajo reproductivo en el centro. Desde la economía feminista se ha explicado cómo el capitalismo no solo surge de la expropiación violenta de tierras y recursos a comunidades campesinas y pueblos originarios, sino también de la exclusión del trabajo de cuidados y del trabajo doméstico de aquello que tradicionalmente se ha considerado economía.
El trabajo reproductivo comprende todas aquellas actividades imprescindibles para sostener y reproducir la vida cotidiana. Se trata, además, de un trabajo históricamente feminizado cuya invisibilización ha contribuido al empobrecimiento y la exclusión de las mujeres. Una transición ecológica que aspire a ser justa debe reconocer el valor económico, social y ambiental de estos trabajos y situarlos en el centro de la reorganización del sistema productivo, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de trabajo genera un impacto ambiental muy reducido.
Del mismo modo, la transición ecológica que queremos debe ser sensible a las desigualdades e injusticias sociales que han situado en una posición de mayor vulnerabilidad a personas y colectivos por razón de su origen racial o étnico, su condición migrante, su orientación sexual, su identidad de género, su edad, su diversidad funcional, entre otros factores. No resulta coherente impulsar una transición ecológica en Cataluña mientras ésta continúa sosteniéndose sobre la explotación de recursos y comunidades del Sur Global o sobre la precarización de la clase trabajadora y de las personas migrantes en el territorio catalán. En este sentido, una parte de la doctrina sostiene que la crisis ecológica no es sino una lucha de clases entre quienes poseen y quienes son desposeídos en términos ambientales.
Desde esta perspectiva, difícilmente podemos esperar que las grandes empresas transnacionales o las personas más ricas del planeta lideren una transición ecológica socialmente justa. Su lógica de funcionamiento continúa orientada prioritariamente a maximizar beneficios y reducir costes, incluso cuando ello implica vulnerar derechos humanos o despojar a comunidades enteras de sus territorios. Por ello, consideramos que la transición ecosocial debe construirse desde abajo, impulsada por iniciativas comunitarias y por los movimientos sociales presentes en cada territorio.
En consecuencia, resulta imprescindible fortalecer formas de organización popular democráticas, que sitúen la defensa de la vida y de los derechos humanos en el centro de su acción. Estas formas organizativas pueden recuperar experiencias históricas de los movimientos sociales, pero también explorar nuevas fórmulas de innovación democrática. Del mismo modo, resulta fundamental construir redes de colaboración tanto a escala local como internacional que permitan fortalecer la cohesión social y aumentar la capacidad de incidencia política.
La autoorganización es una condición necesaria para avanzar en esa dirección, pero por sí sola no basta. También es imprescindible construir mayorías sociales capaces de influir en las instituciones y disputar el sentido común dominante. Este reto adquiere una especial relevancia en un contexto marcado por el avance de la extrema derecha y el resurgimiento de discursos autoritarios que se presentan como respuesta a la crisis del neoliberalismo mediante apelaciones al nacionalismo excluyente y a valores tradicionales. Detrás de estos discursos continúan operando intereses económicos que se oponen a la justicia social, ambiental y al respeto y defensa de los derechos humanos.
Frente a ello, uno de los grandes desafíos de los movimientos populares consiste en construir relatos capaces de conectar con las necesidades, preocupaciones y esperanzas de las mayorías sociales, de la clase ambientalmente desposeída. Relatos que contribuyan a imaginar futuros más justos y democráticos. Porque pensar alternativas también es una forma de construirlas, y mantener viva esa esperanza para hacer posible una transición ecológica verdaderamente justa en términos ambientales y sociales.
